Incidencias en el empedrado de la calle Grande

Artículo de Ángel Martín-Fontecha Guijarro

En la presente historia se presenta las incidencias que acaecieron en la localidad de Herencia en el año 1771, con motivo de los apremios (las contribuciones de nuestros días) que los Alcaldes de la villa habían practicado sobre algunos vecinos del pueblo por el empedrado y obra nueva en algunas calles del pueblo, y cuyos autos se encuentran en el Archivo Histórico de Alcázar de San Juan.

cabeceraEl pleito surge en Agosto de 1771 cuando los herencianos Tomás Novillo, Mario González-Ortega, Manuel Romero-Cid “padre” y Manuel Romero-Cid “hijo” apelan, ante la Justicia de Alcázar de San Juan, quejándose de ciertas irregularidades que los alcaldes de Herencia habían realizado en los apremios por el empedrado de la Calle Grande (acuerdo municipal tomado el 24 de Abril de 1771).

Los alcaldes del momento eran Victoriano López de Villaseñor (por el Estado Noble) y Vicente Martín Barrajón (por el Estado Llano).

DSC_0356Los vecinos que pleitean argumentan que las costas que se les exigen son excesivas económicamente y, además, protestan porque desde el gobierno local han usado sus nombres para convencer a otros vecinos en el consentimiento y apoyo a las contribuciones indicadas para el “empiedro de las calles”. Argumentan también que el costo económico era grande teniendo en cuenta, asimismo, que el año anterior “…ya fueron gravados los vecinos con un impuesto para la construcción de fuentes”.

Además acusan a los alcaldes de un delito administrativo, pues el acuerdo del empedrado debería haberse realizado en “concejo abierto” (asamblea vecinal a modo de pleno del Ayuntamiento en la que se decidían aspectos relativos al gobierno de la localidad), y éste, realmente, no se había producido.

Cuando el problema llega a Alcázar, las contrariedades entre las partes habían alcanzado ya unos grados de encono considerables: a Tomás Novillo se le había incautado una importante cantidad de dinero, a Mario González-Ortega se le había embargado un pollino y, el caso más grave, Manuel Romero Cid “padre” estaba preso en la cárcel municipal.

Lo primero que hace la Justicia de Alcázar es indagar si existe, en el correspondiente libro de actas del Ayuntamiento, constancia del acuerdo municipal del empedrado de abril de 1771. Para este efecto, se precisa la investigación del Escribano del Reino Santiago Jiménez Tajuelo, quien en Septiembre de ese año certifica que dicho acuerdo se encontraba en el Libro corriente del Ayuntamiento de la villa.

A grandes rasgos, las causas que, desde el ayuntamiento, se indican para llevar a cabo los arreglos de las calles son:

…que hace muchos años se experimentan en esta villa muchos quebrantos en los ymbiernos, por los ladaceros que se mueven, en el traqueteo de carruajes y caballerías, con lo intratable de sus calles, al paso de las gentes, motivado del terreno poroso, húmedo y de vega, ha llegado a ser tan trabajoso que clama a su repaso, y evitar tan grabes inconvenientes; y no encontrándose otro medio que el de el General Empiedro con que se logra”. Las consecuencias del mal estado de las calles se resume en: aparición de arrolladeros (corrientes de agua), expuestas las mulas a continuas desgracias, continuas dificultades para pasar las precisas diligencias, impidiendo las procesiones acostumbradas, estancándose las aguas, se hacen cenagueros (zonas de barro y lodo), se levantan olores fétidos perjudiciales a la salud ,…

El acuerdo fue el siguiente:

“Mandaron que con efecto se empiedren las calles de éste (pueblo) por personas para que las aguas corran naturalmente, y salgan sin detención donde no se espere detenimiento; cuando ay la combeniencia bien experimentada se paran en la zanja o acequia y introducirse en el río”; esta obra debería hacerse “…respectivamente y cada uno en su pertenencia y jurisdicción en sus casas, y por su cuenta”.

Firmaron el documento los alcaldes Don Victoriano López de Villaseñor y Vicente Martín Barrajón, los vecinos José Moreno-Palancas y Alfonso Rodríguez-Borlado, y el regidor del ayuntamiento Juan de Cuerva.

El citado escribano del reino Santiago Jiménez también tenía la misión de conseguir una declaración de los acaldes de Herencia, sobre las apelaciones al acuerdo municipal que habían llegado a Alcázar de San Juan.

La defensa de los alcaldes herencianos se argumentaron en la naturaleza de las calles de la localidad, expuestas en el acuerdo municipal, calificando como “frívolas” las acusaciones de algunos de sus vecinos. El gobierno municipal indicaba que había procedido de forma legal a los apremios necesarios a los “vecinos rebeldes” pues consideraban facultativo a los dirigentes de gobierno local “…cuidar de la hermosura de sus pueblos, de tal modo que el no hacerlo da motivo a ser tachado en disidencia…” Además, argumentan que por lo general existe total complacencia de los individuos de la localidad “…aunque no faltan murmuraciones, pues están en la obligación de empedrar sus pertenencias”.

En el transcurso de las investigaciones del escribano, también aparecen declaraciones de nuevos vecinos quejándose de las cuantías de los apremios y del comportamiento de los altos cargos municipales. Es el caso de Alfonso Gómez Tardío, quien manifiesta que se vio obligado a pagar la cantidad de 118 reales, aunque conoce de vecinos que han pagado hasta 200 y 500 reales. Además, indicó que como se retrasaba en el pago “…se ha intentado entrar en mi casa a extraer el grano”.

conde de aranda
Conde de Aranda

Viendo la gravedad del procedimiento, desde Alcázar de San Juan se dio conocimiento del mismo al Conde de Aranda (estadista ilustrado español y en aquella época Presidente del Consejo de Castilla). Tras arduas consideraciones, el desenlace final fue favorable a los vecinos querellantes, y así se porcedió para que “… los Alcaldes de esta Vª de Herencia no les molesten ni vejen (a Tomás Novillo y Compañeros) por lo del pago de lo que se les haya repartido o considerado para este empiedro, alzando la prisión a Manuel Romero Cid, y el embargo de el pollino de Mario Gonz. de Ortega, no dimanando una ni otra de distinta causa, todo lo cual cumplirán bajo la pena y multa de cinquenta ducados y con apercibimiento de que se procederá a lo demás que haya lugar”.

Artículo escrito por Ángel Martín-Fontecha Guijarro.

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Publicado por

Claro Manuel Fernández-Caballero Martín-Buitrago

Historiador, docente, articulista, conferenciante y guía turístico. Licenciado en Historia del Arte. Trabajo en el Ayuntamiento de Herencia y formo parte de su Universidad Popular como coordinador del grupo de investigación de Historia Local. Gran apasionado de la historia local, he escrito numerosos artículos sobre el tema en diferentes revistas y periódicos tanto locales como comarcales y regionales, y soy coautor de varias publicaciones sobre historia y patrimonio.

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